Jurisprudencia internacional sobre el trabajo en plataformas digitales

Por: Alicia Duque y Jaime Cuéllar

La aparición de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones determinó procesos que rompieron con las categorías tradicionales de la disciplina de tutela laboral, redefiniendo la relación capital-trabajo bilateral que “caracteriza la tipicidad del modelo sobre el que se edificó el derecho del trabajo en el siglo veinte” (Jaramillo-Jassir, 2020, p. 5). Esto es, aquella que se desarrolla en el sitio de trabajo de la empresa, con un vínculo laboral a término indefinido y en el marco de una jornada identificable con un máximo legal de ocho horas (Jaramillo-Jassir, 2020).

Es por lo anterior, que en materia de derecho laboral ha surgido un debate en torno al trabajo a través de plataformas digitales. Este debate se centra en establecer si los “colaboradores” o “asociados”, esto es, las personas que materialmente prestan el servicio ofrecido por la plataforma, son trabajadores o, por el contrario, contratistas independientes como alegan las compañías. La importancia de este debate radica en el hecho de que el reconocimiento de la existencia de una relación de trabajo trae consigo la obligación de pago de determinadas prestaciones laborales, indemnizaciones, etcétera, en cabeza del empleador (Ramírez-Bustamante et al., 2021).

El Semillero de Investigación Trabajo y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en su Borrador de Trabajo y Derecho No. 1, denominado “¿Son trabajadores o contratistas independientes? Balance jurisprudencial del trabajo en plataformas”, realiza un interesante análisis de 38 decisiones judiciales proferidas por jueces y tribunales laborales en todo el mundo en relación al trabajo de plataformas. Todos estos fallos, proferidos entre 2016 y febrero de 2021, se centran en declarar o negar la existencia de una relación laboral entre los domiciliarios o conductores y las plataformas que ofrecen servicios de reparto o transporte a través de medios digitales.

Mediante el análisis, el Semillero de Investigación Trabajo y Derecho encontró que la mayoría de jueces declararon la existencia de una relación laboral (79% de los fallos). Adicionalmente, la mayoría de las decisiones judiciales revisadas tuvieron lugar en Europa (21 fallos), seguido de Estados Unidos (7) y América Latina (6), por último se encuentran Australia (2), Canadá (1) y Sudáfrica (1). Finalmente, encontraron que la mayoría de demandas en contra de plataformas fueron radicadas por domiciliarios (74%) en contraste con conductores (26%), sin embargo, los conductores tienen una mayor tasa de éxito frente a los domiciliarios.

En estos casos, la defensa de las plataformas se ha centrado en manifestar la existencia de una relación de la naturaleza civil o comercial y no laboral. Para esto, es necesario desvirtuar la subordinación o dependencia del trabajador al empleador, que junto a la prestación personal del servicio y el salario son los elementos esenciales de una relación de trabajo. Con el fin de lograr lo anterior, las plataformas argumentan que los domiciliarios y conductores cuentan con total autonomía en el desarrollo de su actividad, tienen libertad de elección sobre el tiempo en el que trabajan, sobre los servicios que aceptan o rechazan, operan con su propio capital, entre otros. Por último, las plataformas argumentan no tener potestad disciplinaria en la medida en que son simples intermediarias entre la oferta y la demanda de bienes y servicios (Ramírez-Bustamante et al., 2021).

Contrario a lo expuesto, los jueces laborales, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades[1], han establecido que aunque se refieran a la relación entre repartidores y conductores con la plataforma como una relación sui generis, no cobijada por las normas laborales, esta en realidad se parece mucho a las relaciones laborales tradicionales. Tras analizar el material probatorio han encontrado que la subordinación se ha configurado de la siguiente forma: i) libertad restringida de los repartidores y conductores, ii) premiación y sanción del comportamiento de los conductores y repartidores a través de los sistemas de calificación y iii) control disciplinario y poder de despido (Ramírez-Bustamante et al., 2021).

La libertad en el desarrollo de la actividad proclamada por las plataformas digitales es apenas aparente, pues el diseño de las mismas trae consigo un poder subordinante que sustrae del poder del repartidor o conductor elementos esenciales del contrato. El mecanismo de geolocalización utilizado por las plataformas les permite asignarles a los repartidores y conductores microtareas, monitorear su trabajo e incluso sancionarlos. Adicionalmente, los repartidores y conductores tampoco tienen un control real sobre su trabajo en la medida en que no tienen decisión en cuestiones elementales del negocio, pues no pueden fijar autónomamente la tarifa por el servicio sino que se ven obligados a aceptar el precio impuesto de manera unilateral. Esta libertad también se ve coartada a través de la imposición de instrucciones detalladas que guían el comportamiento de los repartidores y conductores, quienes son sometidos a un seguimiento cotidiano que los califica y disciplina (Ramírez-Bustamante et al., 2021).

El seguimiento cotidiano al que son sometidos los repartidores y conductores se gestiona mediante algoritmos que evalúan constantemente el desempeño de los trabajadores a través de la calificación de los usuarios y la tasa de aceptación o rechazo de los pedidos o viajes. De acuerdo con los jueces, esta modalidad es un verdadero mecanismo de disciplinamiento, pues la capacidad de gestionar premios y sanciones por medio del algoritmo estimula a los trabajadores a pasar “el mayor tiempo disponible para trabajar con la aplicación y sanciona a quienes ejercen la libertad de no trabajar” (Ramírez-Bustamante et al., 2021, p. 13). Aunque el rechazo de un servicio no esté penalizado directamente y este tipo de mecanismos distancien físicamente a empleadores y trabajadores, sí tienen repercusiones directas sobre las posibilidades de trabajo en zonas geográficas o franjas horarias de domiciliarios y conductores, lo que los convierte en verdaderas herramientas gestión personal (Ramírez-Bustamante et al., 2021).

Las plataformas digitales tienen la posibilidad de desactivar temporal o definitivamente a los repetidores o conductores, según ellos, cuando hayan violado los términos y condiciones del uso de la aplicación, en virtud del contrato de naturaleza civil o comercial celebrado. Sin embargo, los jueces han estimado que esa capacidad de desvincular repartidores o conductores de las aplicaciones es una potestad sancionatoria robusta en cabeza de las plataformas y no una mera coordinación de actividades empresariales (Ramírez-Bustamante et al., 2021). La plataforma impone a los repartidores o conductores que quieran asociarse una serie de normas, por lo que “el poder de desactivación de la plataforma equivale al poder de despido, especialmente cuando el mismo se produce con carácter sancionatorio” (Ramírez-Bustamante et al., 2021, p. 16).

Aunque la cobertura de los repartidores y conductores bajo de la regulación laboral es el efecto inmediato una vez han sido proferidas estas decisiones, los jueces también han reconocido que estos fallos tienen implicaciones más allá de la declaratoria de la existencia de una relación laboral. Producen impacto a nivel social, por fuera de los límites del interés personal del trabajador, en la medida en que se trata de una cuestión de justicia social, desigualdad de poder y distribución de las cargas sociales (Ramírez-Bustamante et al., 2021). Es por lo anterior, que la intrusión de la denominada economía colaborativa en nuestro contexto demanda la adopción de instrumentos jurídicos que permitan corregir “las maniobras de negación de derechos por vía del recurso al encubrimiento (falsos autónomos) de verdaderas relaciones de trabajo” (Jaramillo-Jassir, 2020, p. 8).

En Colombia es reconocida la decisión adoptada por el Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas Causas de Bogotá en contra de la plataforma Mercadoni, tras una demanda instaurada por un trabajador que pretendía el reconocimiento de la existencia de una relación laboral entre ambos. Pese a que el juez declaró que en la prestación del servicio se configuró un contrato de trabajo bajo el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, esta sentencia parece no referirse realmente al trabajo a través de plataformas digitales. Lo anterior, en la medida en que el trabajador no recibía pedidos a través de una aplicación, sino que, por el contrario, lo hacía vía WhatsApp o telefónica de una funcionaria de la empresa (Ramírez-Bustamante et al., 2021).

Finalmente, los proyectos de ley sobre la materia que cursan actualmente en el Congreso de la República crean la categoría de colaborador autónomo, alejándose de la tendencia internacional que promueve el reconocimiento de la calidad de trabajadores a los repartidores y conductores. Esta exclusión del carácter laboral de la relación por vía legal resulta evidentemente contradictoria con el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades mencionado a lo largo del texto, desconociendo así la promesa constitucional de garantizar un trabajo en condiciones dignas y justas (Jaramillo-Jassir, 2020). Es por esto, que en Colombia es necesario presentar proyectos de intervención legislativa que permitan, como menciona Jaramillo-Jassir (2020), “garantizar el diálogo social y la compatibilidad con los parámetros constitucionales de primacía de la realidad, irrenunciabilidad y estabilidad en coordinación con las categorías de realización del trabajo decente que enmarca el esquema de regulación y garantía universal del trabajo y los trabajos” (p. 26).

Referencias:

Jaramillo-Jassir, I. (2020). Riders: Entre el desvalor del trabajo y la superación del confinamiento. Bogotá, Colombia: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Ramírez-Bustamante, N., Parra-Rosas, J., Celis-Noguera, A., Rodríguez-Morales, A., Salazar-Patiño, M., y Sánchez-Gómez, J. (2021). ¿Son trabajadores o contratistas independientes? Balance jurisprudencial del trabajo en plataformas. BorradoresDe Trabajo Y Derecho, (1), 1-21.


[1] Este principio implica que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y el contenido de contratos y documentos jurídicos, para determinar la naturaleza del vínculo contractual, el derecho del trabajo da prevalencia a los hechos sobre lo escrito.

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