Migración y trabajo en plataformas digitales.

Por: Zuly Bibiana Suárez Morales

Laura Clemencia Mantilla León

Liz Dayanna Zárate Luengas

En los últimos veinte años, en Colombia, se han documentado tres periodos de migración de personas venezolanas al territorio. Dichos periodos se conocen como olas migratorias y obedecen al éxodo de venezolanos en diferentes momentos de la historia. Desde el año 2017 se ha registrado el proceso migratorio más reciente, como consecuencia de la crisis política, social, económica y humanitaria de Venezuela, la cual obligó a poblaciones vulnerables pertenecientes a una golpeada clase media en situación de pobreza a emprender camino hacia países latinoamericanos, en donde Colombia devenía un lugar de paso. El éxodo estaba direccionado hacia países como Argentina, Chile e incluso Brasil, pero dadas las barreras en términos de políticas migratorias de los países destino, su diáspora terminó en las diferentes regiones de Colombia (Muñoz, 2018). “[…] dejamos a nuestros padres y familiares y salimos por vía terrestre hasta San Antonio, de ahí a Cúcuta y luego a Bogotá en bus. Nos acomodamos con la ayuda de un hermano y algunos amigos que habían llegado antes” (Padilla, 2020).

El Gobierno Colombiano ha creado dos instrumentos para regular las condiciones de los migrantes venezolanos. El primero corresponde al Permiso Especial de Permanencia (PEP), establecido mediante la Resolución 5797 del 25 de julio de 2017, cuyo propósito fue facilitar la inclusión al mercado de trabajo de venezolanos, habilitándolos a ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país por un periodo de tiempo de 90 días, con prórroga de hasta máximo de dos años. El segundo instrumento obedece a la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) cuyo propósito fue regularizar la migración en las áreas de frontera, permitiendo el acceso al territorio colombiano por un periodo máximo de siete días, específicamente para el desempeño de actividades no remuneradas y de tránsito (Farné; Sanín, 2020).

En Colombia hay cerca de un millón de venezolanos en edad de trabajar, de los cuales el 63 % son empleados mientras que un 15,2 % son desempleados. Dentro de las oportunidades de trabajo para esta población se encuentra que la mayoría se vinculan a los sectores comercio, hostelería y construcción (Farné; Sanín, 2020). No obstante, dada la necesidad de ayudar a sostener a sus familias, muchos migrantes encuentran que la forma de activarse económicamente con mayor auge en Colombia es el trabajo como socios-independientes de la plataforma Rappi (Padilla, 2010). Aunque se desconoce el número exacto de migrantes en este oficio, la tendencia es al aumento, particularmente dada la coyuntura derivada de la pandemia.

Cabe aclarar que, dadas las limitaciones en cuanto a la documentación requerida para vincularse directamente con la plataforma Rappi, “a todos los venezolanos nos exigen el pasaporte vigente y el permiso temporal de permanencia” (El Tiempo, 2019), se conocen estrategias desplegadas entre los migrantes para poder trabajar como rappitenderos: “tengo un amigo, que es como un hermano, y él me dio la facilidad de trabajar con su cuenta de Rappi” (Tapia, 2020).

Sumado a esto, los migrantes deben asumir de sus propios recursos la compra de los elementos para el trabajo: “un inmigrante tiene que invertir en una bicicleta, en ropa deportivo, en un celular y en un plan de datos”(AFP, 2019). Al conectarse a la plataforma, los repartidores migrantes encuentran ciertas zonas habilitadas para trabajar, zonas por lo general alejadas de su lugar de residencia. El pago por cada domicilio es aproximadamente de dos mil COP, siendo así, los y las repartidores deben permanecer disponibles entre 10 y 12 horas durante los 7 días de la semana, con el fin de aumentar sus ingresos (El Tiempo, 2019).

[…] la época de irse pronto terminó gracias a uno de sus amigos, que vive cerca de su casa en el barrio Policarpa (localidad de Antonio Nariño). Se devuelven juntos –por la avenida Caracas– y así Karen puede quedarse hasta la medianoche, o dos de la mañana los fines de semana, cuando más se mueve el negocio (El Tiempo, 2019).

Aunque, como en el caso de Karen, hay quienes se movilizan en grupos a sus hogares a altas horas de la noche, algunos, luego de terminar la jornada prefieren dejar sus vehículos en las zonas de trabajo asumiendo el costo del parqueadero al no contar con espacios habilitados por Rappi; exponiéndose además al robo de sus herramientas y sin garantía alguna por parte de la plataforma. Para retornar a sus viviendas utilizan el transporte público (El Universal, 2018).

El reparto de domicilios implica, además de extensas jornadas de trabajo y el sobreesfuerzo físico, el cumplimiento con la entrega, en el tiempo impuesto por la plataforma, de un producto en perfectas condiciones; sin embargo, en el camino a la entrega los repartidores deben jugar con el tiempo, para alcanzar el mayor número de pedidos en el día, exponiéndose a sufrir algún accidente y a que el producto llegue dañado. Como resultado, los repartidores pueden obtener una mala calificación por parte del consumidor y ser bloqueados en la plataforma (Cruz, 2020).

Es interesante ver cómo el discurso empresarial de Rappi dirigido al emprendimiento y la autonomía en el trabajo se quiebra en la medida que los repartidores deben aceptar los pedidos aún con pagos precarios: “tenemos que aceptar todos los pedidos que recibamos, aunque no nos convengan, porque si no lo hacemos comenzamos a recibir menos e incluso podemos quedar suspendidos unos días” (El Universal, 2018).

Otro aspecto que precariza el trabajo de los migrantes repartidores es la desprotección en materia de seguridad social. Algunas cifras señalan que

[…] el 53,9 % no está afiliado a la salud. Del restante porcentaje (los que si están afiliados), un 36,7 % está cubierto a través de un carné del Sisbén; 33,7 % aporta a través del régimen contributivo, y un 29,6% está vinculado como beneficiario de algún cotizante (Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario; Centro de Solidaridad; Escuela Nacional Sindical; Centros de Atención Laboral, 2019). Paralelamente, y dada la diversificación de servicios que ofrece la plataforma, personas cercanas del núcleo familiar de los migrantes se vinculan para trabajar como repartidores, en cualquier modalidad según los recursos que posean: “Empezamos con dos bicicletas y ahora pudimos comprar esta moto. Trabajando duro y parejo podemos reunir al mes dos millones y medio. Ahora estamos ahorrando para la moto de mi esposa (Padilla, 2020).

Referencias:

AFP. (2019) Rappi, ¿reflejo de precariedad laboral de plataformas tecnológicas? El Tiempo.

Cruz, S. (2020) Domiciliarios, los dinamizadores de la economía en la pandemia. El País.

El Universal. (2018) Rappi, el Amazon de Colombia según los rolos.

El Tiempo. (2019) Rappitenderos: hay hasta de estrato 5; 6 de cada 10 son venezolanos.

El Tiempo. (2019) ¿Tienen razón rappitenderos que protestan por condiciones laborales?

Farné, S.; Sanín, C. (2020) Panorama laboral de los migrantes Venezolanos en Colombia 2014-2019. Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social. Universidad del Externado de Colombia. Bogotá.

Motoa, F. (2019) La paramédica que sobrevive con domicilios nocturnos y en bicicleta. El Tiempo.

Muñoz, B. (2018) Diáspora venezolana: tres olas migratorias en 20 años. El Nacional.

Padilla, F. (2020) Días de coronavirus y de héroes anónimos: el rappitendero venezolano Warner Contreras Useche. El Espectador.

Tapia, T. (2020) COVID-19: Cuerpos exentos de cuarentena.  070-UniAndes.

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